CORTE

No toda persona que se encargue sola de su familia se considera cabeza de familia: Corte

Entre las obligaciones que la Corte estableció, esta en que la pareja sustraiga completamente el incumplimiento de sus obligaciones como padre o madre.Pixabay

La Corte Constitucional hizo precisiones para evitar que quienes no ostentan realmente esa condición obtengan beneficios.Por eso, estableció cinco obligaciones que se deben tener en cuenta para contar con esta condición.

La Corte Constitucional estableció los requisitos que deben tener las personas que, por diversos argumentos, se consideran “cabeza de hogar” en la familia para acceder a los beneficios que ofrece la ley o, incluso, mantenerse en su trabajo ante reformas laborales. Según el alto tribunal, la condición de desempleo o ausencia de su pareja –por prologada que sea–  no significa que una persona asuma el estado de ser cabeza de familia.

“Esta situación se configura con el abandono del hogar por parte de su pareja y de las responsabilidades que le corresponden como padre, es decir, debe existir un incumplimiento total de las obligaciones. El desempleo de la pareja no convierte a una madre en cabeza de familia, ello solo ocurre cuando el compañero se sustrae de manera permanente de sus obligaciones como padre, abandona el hogar, o se encuentra en incapacidad física, síquica, sensorial o mental”, explica el alto tribunal.

La Corte Constitucional dice que la condición de padre o madre cabeza de familia no depende de una “formalidad jurídica”, es decir, el estado civil de una persona es “irrelevante” porque lo esencial, en este tipo de casos, son las cuestiones materiales. Como primer requisito, y citando la Ley 790 de 2002, el alto tribunal determina que el padre debe tener a su cargo la responsabilidad de los hijos menores o de personas incapacitadas para trabajar. Además, como segunda exigencia, es que esa responsabilidad sobre el hijo debe ser permanente.

En tercer lugar, que la pareja sustraiga completamente el incumplimiento de sus obligaciones como padre o, como la cuarta condición, que la pareja no asuma la responsabilidad por incapacidad física, sensorial, síquica o la muerte. Por último, el alto tribunal consideró que deben existir la responsabilidad solitaria de la madre o padre para sostener el hogar.

El caso

La Corte Constitucional estudió el caso de Liliana Amaya Valencia, una señora que padece de síndrome de túnel carpiano en ambas manos y se encontraba trabajando en la alcaldía municipal de Toro (Valle) como inspectora de policía y tránsito desde 1995. Ante reformas administrativas al interior de la alcaldía, ordenadas por el Gobierno Nacional, el cargo de la señora fue suprimido en julio de 2016. Pero, antes de terminar el vínculo contractual, la señora Amaya Valencia se practicó una cirugía en mano izquierda en enero de ese mismo año.

Ante esta situación, una ARL en 2009 le diagnosticó una pérdida de capacidad laboral de 16 % y actualmente se encuentra en tratamiento médico. Con estos inconvenientes, y con el aval –dice ella– de que es madre cabeza de familia por una sentencia judicial que le quitó la patria de potestad al padre sobre la hija, Liliana Amaya Valencia presentó una tutela ante el un juez de Cartago. Y ganó. Pues el juez, en octubre de 2016, determinó que la situación de discapacidad se encuentra demostrada.

No conforme con ello, la alcaldía impugnó el fallo explicando que la desvinculación de la señora Amaya Valencia respetó el debido proceso, que la tutela es improcedente y que existen otros mecanismos de ley para acceder a su protección. Y salió, esta vez, a su favor. “La accionante no es sujeto de especial protección al no ser prepensionada y porque la enfermedad que padece no fue la causa de su desvinculación”, dijo el juez de segunda instancia.

A pesar de que la Corte consideró que, en este caso, la condición de madre cabeza de familia cumple con los requisitos, por lo que sobre ella recae la responsabilidad exclusiva del cuidado de su hija, la perdida de la capacidad laboral para acceder a los beneficios debe ser en un rango entre el 25 % y el 50 %. Y ella no la cumplía por cuanto la ARL la calificó en un 16 %. “Esta situación no demuestra la limitación física que la haga sujeto de especial protección del Estado (…) y, por consiguiente, beneficiaria de la acción afirmativa que garantice su estabilidad laboral, pues su calificación no se encuentra dentro del rango establecido para ello, esto es entre el 25 % y 50 %”, explicó la Corte. (El Espectador)

 

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