Por lo menos 29 familias retornaron a sus casas en una de la zonas más afectadas por la tragedia el 31 de marzo de 2017. El subsidio del Gobierno no les alcanza para pagar un arriendo y la Alcaldía demolerá sus viviendas.

Se escucha claro el pasar del río, así como los ladridos de perros, el canto de los grillos, las gotas de lluvia y las pisadas de Isidro, Gustavo, Ruver y Ana Mercedes. Cada sonido retumba en las desoladas calles del barrio San Miguel, uno de los más destruidos por la avalancha que aterrorizó a Mocoa la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1º de abril de 2017. El reloj marca las 9:00 p.m. y en medio de la oscuridad, porque no hay servicio de luz, un puñado de vecinos cuenta que 29 propietarios de las casi 400 casas que antes se levantaban en el lugar retornaron a las viviendas, pese a ser zona de riesgo. (Lea aquí: Fotos de Mocoa, un año después de la avalancha)

Hace un año, olas gigantes de agua, lodo y piedras de hasta seis metros bajaron de las montañas y arrasaron con lo que encontraron a su paso. Neveras, sillas, camiones y cuerpos humanos desmembrados quedaron incrustados entre los escombros. El barrio era irreconocible y el puente que lo comunicaba con el municipio había desaparecido, por eso fue tan difícil entrar a la zona a buscar sobrevivientes. (Lea aquí: Los recuerdos del sepulturero de Mocoa tras la avalancha)

Gustavo Rojas recuerda que esa fatídica noche intentó salir de San Miguel en la moto, pero el agua lo alcanzó, entonces se refugió en una casa donde otras 20 personas estaban amontonadas y envueltas en pánico. Hasta ahí llegó la avalancha y los tumbó a todos. Sólo seis vecinos quedaron visibles en la superficie. Hoy es el único tendero del barrio y provee implementos básicos a los habitantes que, como él, retornaron. El papel higiénico se le acaba de agotar, pero le quedan huevos, detergente, gaseosas y agua.

Un bombillo alcanza a alumbrar el interior de su casa con luz tenue, gracias a una conexión de energía que los mismos pobladores realizaron. “Duré 15 días donde mi cuñada y me vine. No tengo para dónde coger y el subsidio de arriendo que da el Gobierno no alcanza para nada”, dice Rojas, desplazado por la guerrilla y los paramilitares hace 16 años.

Gustavo Rojas es el único tendero en el barrio. / Gustavo Torrijos – El Espectador

Su queja es la misma que repiten quienes perdieron su casa con la avalancha: los $250.000 que da el Gobierno para un arriendo mensual no rinden. En promedio, alquilar un apartamento en Mocoa cuesta $500.000 mensuales, incluyendo los servicios públicos. Esos cálculos hacen que habitantes de San Miguel, como Ruver Ramírez, se nieguen a abandonar su propiedad. Junto con sus dos hijas, un bebé de un año y su esposa, reside en la casa a la que le ha invertido durante décadas $63 millones.

Aunque Ramírez y Rojas dicen no tener temor por una nueva avalancha, hay otros vecinos que corren despavoridos cuando la lluvia se alarga. “Los que vivimos aquí tenemos un grupo de Whatsapp y los vigías que están arriba nos avisan. La gente que no tiene celular es la que corre por miedo. Pero entre nosotros mismos nos cuidamos. Eso sí, a las niñas pequeñas no las sacamos a esta hora porque hay personas que consumen alucinógenos en la salida y bajo esos efectos pueden cometer fechorías”, afirma Ramírez.

Desde el primer día después de la avalancha, los ladrones han hecho de las suyas. En medio de las tareas de rescate, y aprovechando que los propietarios estaban en albergues temporales, saquearon cientos de casas e incluso varios fueron aprehendidos en flagrancia. De tal manera que Isidro Cerón se nombró así mismo el vigilante ad honorem de San Miguel, aunque los primeros días le pagaban $3.000 diarios. Recorre las calles hasta que amanece y luego se va al hospital, donde trabaja tapando con cartones los asientos de las motos.

Isidro Cerón, vigilante “ad honorem” del barrio San Miguel. / Gustavo Torrijos – El Espectador

Con una linterna y sólo el poder coercitivo de sus gritos, el hombre de 53 años se cerciora de que todo esté en orden. Camina unos metros y llega a la casa de Ana Mercedes Pinzón, conocida por todos como la Abuelita. Su risa se escucha desde la puerta de su casa, donde vive con dos nietos, su esposo, nueve pollitos, tres patos, un loro, seis perros, tres gatos y cinco palomas. Sus animales son la razón por la que no ha abandonado ni un solo día el barrio. “A mí me salió lo de ese subsidio, pero le dije al señor alcalde que no voy a botar mis animalitos. Ellos son dignos de paciencia, como una persona, y no me los van a dejar tener en ninguna parte”, asegura Pinzón.

Pese a que estas personas tienen escrituras que prueban que son propietarios legales, el terreno en el que se asentaron es zona de riesgo. Según la Fiscalía, la Alcaldía cambió el uso del suelo de zona forestal a zona de expansión urbana, sin tener en cuenta la cercanía con el cuerpo de agua. El alcalde de la ciudad, José Antonio Castro Meléndez, le dijo a este diario que en total 126 familias han retornado a las zonas afectadas, pero que esas casas serán demolidas.

El mandatario agregó que a 45 propietarios se les está notificando de la resolución que ordena la demolición y se espera que otras 100 casas estén en este proceso en los próximos días. “Son zonas donde la gente no puede seguir habitando porque hay un riesgo alto y son de conservación, tal como Laureles, Los Pinos, San Miguel y Altos del Bosque. Ahí se harán ejes ambientales o proyectos verdes para que la gente sepa que son zonas del río y no pueden ser habitadas”, concluyó Castro, a quien la Fiscalía le imputó en noviembre los delitos de homicidio culposo, prevaricato por acción y prevaricato por omisión por no evitar la tragedia, que era previsible, según la investigación.

Ruver Ramírez y su familia se sientan por las noches en la terraza de su casa. / Gustavo Torrijos – El Espectador

¿Y las casas del Gobierno?

Los nombres de Gustavo, Ruver, Isidro y Ana Mercedes no salieron en el sorteo del 23 de marzo, cuando se conocieron los nombres de 100 sobrevivientes de la avalancha que recibirían las primeras casas de las 1.461 que planea construir el Gobierno en los próximos años. El presidente Juan Manuel Santos anunció que el lunes las entregará en la urbanización Los Sauces I y que hará un recorrido por Mocoa para inspeccionar las obras de reconstrucción.

El anuncio generó malestar entre los líderes comunales porque piden que el mandatario aclare que esa entrega, que se debía hacer en marzo, “será protocolaria y no real”. Ramón Aprades, de la veeduría de Asojuntas Mocoa, le aseguró a El Espectador que no están instalados todos los servicios públicos, que algunas casas están sin techo y en obras gris y que faltan las obras de urbanismo (andenes y vías de acceso). “Queremos que no se le diga mentiras a la comunidad”. A este llamado se unió Sigifredo Arciniegas, del movimiento Dignidad por Mocoa: “Es una entrega simbólica para que el presidente reciba aplausos y se vaya contento por la construcción”.

El Ministerio de Vivienda, sin embargo, dijo que las 100 viviendas están terminadas y cuentan con luz, agua y gas. Pero reconoció que sólo 28 de ellas serán habitables desde el lunes, por lo que son las únicas que contarán con obras de urbanismo. Se espera que el resto sean ocupadas a más tardar el 30 de abril. A la fecha también se han construido tres puentes y una biblioteca.

Ana Mercedes Pinzón tiene más de 10 animales en su vivienda. / Gustavo Torrijos – El Espectador

Luego, en junio, se tiene previsto entregar otras 200 casas, un plazo que los damnificados no ven posible que les cumplan, ya que en un año el Gobierno sólo pudo construir 100 casas. En este momento, además, está abierto el proceso para elegir al constructor de otras 909 que se entregarán progresivamente hasta septiembre de 2019. Tienen 64 m², sala comedor, cocina, tres alcobas, dos baños y patio de áreas de ropa cubiertos. El valor de cada vivienda es de $82 millones.

Entre otras promesas futuras del Gobierno también están la construcción de un acueducto, retrasada por la realización de la consulta previa con comunidades indígenas, y la edificación de la plaza de mercado (marzo de 2020), de cuatro puentes vehiculares, de un megacolegio (mayo de 2019) y de una nueva sede del hospital José María Hernández (marzo de 2020). Así las cosas, el plan de reconstrucción de Mocoa tendrá que terminar en 2022.

Lo cierto es que, a un año de la avalancha, el panorama no es muy alentador. Hay más obras por ejecutar que las entregadas; no hay condenas penales contra los responsables de la tragedia, que, según la Fiscalía, se pudo evitar; las autoridades dicen que hay 333 fallecidos, aunque la comunidad habla de un subregistro de 3.000; todavía quedan 76 desaparecidos y 1.361 familias que no saben cuándo tendrán casa nueva. Por eso, muchas de ellas retornaron a sus casas a punto de caerse, porque el riesgo es la única salida que han encontrado para subsistir. EL ESPECTADOR

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