Desde hace una semana, la alta funcionaria enfrentaba duros cuestionamientos por el manejo de los recursos del posconflicto. Las primeras dudas vinieron de los gobiernos extranjeros donantes.

Luego de varias reuniones internas y con representantes de gobiernos donantes de recursos para el posconflicto, las cuales tuvieron lugar en los últimos días ante un escándalo que solo crecía por la falta de transparencia del manejo de esos recursos, el vicepresidente Óscar Naranjo acaba de confirmar que Gloria Ospina se va de su cargo. “El Gobierno tomó la decisión de separar de la Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz a la señora Gloria Ospina”. 

(Vea: El laberinto de los dineros de la paz)

Ospina, quien lleva años trabajando de la mano con Rafael Pardo -alto consejero para el posconflicto-, llegó a este cargo en junio de 2016. Una posición vital para la implementación del posconflicto, la cual, se sabía desde el inicio, quedaría a cargo de cientos de millones de dólares que las embajadas donantes han entregado a Colombia a través de fondos multilaterales o por intermedio de entidades como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La viceministra de Hacienda, Paula Acosta, se incorporará al comité directivo del Fondo hoy mismo, dijo el vicepresidente Naranjo, para evaluar la estructura y los procesos de la entidad y presentar recomendaciones al respecto. Además, señaló el general (r) Naranjo, el presidente Santos ordenó que se realicen unas auditorías independientes “cuanto antes” a cada uno de los fondos que pertenecen a la gran bolsa del FCP. “Queremos reiterar el llamado hecho por el señor presidente de la República: los organismos de control deben acompañar la implementación de los acuerdos”. 

El problema comenzó hace una semana, cuando el diario El Tiempo reveló que las embajadas de Noruega, Suiza y Suecia estaban pidiendo cuentas claras sobre los casi US$200 millones que el Fondo Colombia en Paz (FCP) ha recibido. Incluso, pidieron la intervención del Banco Interamericano de Desarrollo para que los procesos fueran más transparentes. Una carta en la que se detallaban estas solicitudes llegó a manos del propio Rafael Pardo, quien la semana pasada fue sometido a una operación y, argumentando razones de salud, no ha estado al frente del escándalo.

Desde ese momento, los organismos de investigación y control han estado con las alarmas encendidas. La Fiscalía, por ejemplo, le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que advirtió las cuatro principales irregularidades que ha encontrado hasta ahora este organismo en relación con el manejo de los recusos del posconflicto: direccionamiento de contratos, red de intermerdiarios que estaría interesada en la adjudicación de proyectos, interventorías amañadas para evitar controles y acceso de los intermediarios a información privilegiada.

Esta tarde, agregó el vicepresidene Naranjo, el secretario general de Presidencia se reunirá con el fiscal para conocer los avances de investigaciones sobre conductas de funcionarios o particulares. Mientras Rafael Pardo siga convaleciente por su operación, el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, queda a cargo de la alta consejería para el posconflicto.

El Espectador

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