El procedimiento deberá ser sancionado por el presidente para definir el sucesor de Edgardo Maya, cuyo período como contralor vence el próximo 20 de agosto.

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Las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado de la República aprobaron el proyecto que fija las nuevas reglas para la elección del contralor, en las que, entre otras cosas, se prevé la participación de una universidad a la hora de definir los preseleccionados para ocupar el cargo. El procedimiento quedará ahora en las manos del presidente para ser sancionado.

La representante Angélica Lozano explicó que, con las determinaciones acordadas en el Congreso, “todas las personas que quieran ser contralor tendrán que presentar un examen técnico, de conocimiento y de aptitud para el cargo”. Ahí entraría a jugar una universidad como el primer filtro, que sería escogida por una serie de congresistas que conformarían una comisión interparlamentaria. La institución educativa recibiría las postulaciones y elegiría los 20 perfiles que entrarían en el proceso de selección.  

El paso siguiente consistiría en que las 20 personas con los mejores puntajes pasarían a ser evaluadas por la comisión, que realizaría también audiencias públicas con la ciudadanía “para que pueda analizar con criterios objetivos cuáles diez se descartan y cuáles diez pasan a la plenaria del Congreso donde será electo el nuevo contralor”, precisó Lozano.

El ponente del proyecto, Germán Varón, insistió en que este proceso dotaría de mayor legitimidad y transparencia la elección. “Ganó el país porque hay un criterio de mérito, por primera vez en la historia de Colombia”, expresó de la misma manera Lozano.

El reto ahora es que la sanción presidencial se dé rápidamente para elegir al sucesor de Edgardo Maya, cuyo período como contralor vence el próximo 20 de agosto.

Según la Constitución, para ser contralor General de la República es necesario ser colombiano de nacimiento, tener mínimo 35 años, poseer título universitario o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menos a cinco años, no haber ocupado ningún cargo público de orden nacional en el año anterior a la elección y no haber sido condenado por delitos comunes.

El Espectador

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