El director del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos resalta el trabajo que han hecho excombatientes al impulsar la erradicación de la coca de la que antes se beneficiaban. Explica por qué se están presentando retrasos en los proyectos productivos y hace un llamado al próximo gobierno para que no le incumpla a las 124.000 familias inscritas a este programa.

El programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos lleva cerca de un año de implementación y, según su director Eduardo Díaz, la meta de las 50 mil hectáreas de coca erradicadas la cumplirán a mediados de agosto. Este programa, junto con la erradicación forzosa es la fórmula del gobierno de Juan Manuel Santos para exterminar el mal de la coca y el narcotráfico que Colombia ha llevado por años.

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Sin embargo, el anuncio de Estados Unidos del aumento de estos cultivos a 209.000 hectáreas en todo el país tuvo la respuesta inmediata del gobierno de fortalecer la erradicación volviendo a la aspersión aérea con glifosato a través de drones. Para Díaz, impulsar el reemplazo de la coca por proyectos productivos es un proceso de largo aliento, pero clave para que la coca deje de ser el sostén económico de las familias campesinas y la materia prima para el narcotráfico. 

Resaltó el papel de la antigua guerrilla de las Farc, que en los territorios se han encargado de convencer a los campesinos de que el camino es la sustitución, a pesar de que antes se beneficiaban de la coca. También le hizo un llamado al gobierno electo de Iván Duque para que no le incumpla a las más de 124 mil familias que sí se han comprometido a sustitur sus cultivos ilícitos.

¿Cómo ha sido el trabajo con las Farc?

Desde un principio hicieron el compromiso de que iban a coadyuvar con este ejercicio y han sido muy importantes para llegar a estos territorios en donde tenían influencia, para ayudarnos a conquistar la confianza de las comunidades para el programa. Ha habido una cooperación importante y han honrado su palabra de trabajar en esto. Son 55 personas de FARC los que generalmente viajan con nosotros a los territorios.

Este trabajo nació en Briceño (Antioquia) en julio de 2016 cuando comenzaron también con la cooperación en el desminado. De hecho, los primeros proyectos que se desarrollan para la sustitución de la coca son en zonas de reincorporación de las Farc como en La Carmelita en Putumayo, Charras y Colinas en Guaviare, Montañita en Caquetá, La Uribe en el Meta o Caño Indio en el Catatumbo.

¿Qué labor cumplen ellos en este trabajo conjunto? 

Ayudarnos a convencer a la gente en las zonas donde tenían influencia de la importancia del programa de sustitución. En otros territorios, donde desconfiaban de ellos, en conjunto les mostrábamos las virtudes del proceso de paz y cómo unos señores que antes estuvieron beneficiándose de la coca, ahora están promoviendo que se sustituya.

Han cumplido y han trabajado con mucha seriedad y esa es la paz. Se reúnen con nosotros y la Fuerza Pública. Hablan con las comunidades y se preocupan cuando hay amenazas. Los ves hablando de esto delante de gente que no los quiere, pero en eso ha sido emocionante ver que ellos mismo dicen que la sustitución sí es el camino. Incluso a algunos de ellos los han asesinado por esta razón.

¿Cuál es el balance actual del programa de sustitución de cultivos?

Hay 124.745 familias acogidas al programa de manera colectiva a través de organizaciones, comités cívicos o juntas de acción comunal. Están en 14 departamentos, 52 municipios y 3053 veredas.

Después de identificarlas individualmente, tenemos el registro de 77.659 familias que están erradicando la coca, incluyendo 14.000 recolectores, de los cuales 981 ya están participando en actividades de interés comunitario en seis departamentos del país, según lo comprobó las Naciones Unidas.

De esas 124 mil familias por lo menos han recibido el pago 43.447 porque ya empezaron a erradicar sus cultivos. Esas familias tienen 42.352 hectáreas de coca, de acuerdo con el diagnóstico que está haciendo Naciones Unidas. Vamos a llegar a la meta de las 50 mil hectáreas erradicadas voluntariamente probablemente en dos meses. Hay 15 mil familias en procesos de asistencia técnica y 6.623 familias en sostenimiento alimentario y nutricional.

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Seis mil familias con proyectos productivos es solo el 15% de quienes ya erradicaron su coca. ¿Por qué es tan bajo ese número?

Es mucho más fácil tumbar la coca en 45 días que sembrar otro producto. Además, el campesino cree que hay que sembrar tal producto, pero los técnicos piensan que debe ser otro, donde está el mercado. Sin embargo, ese es el corazón del programa y sin eso nada sirve. Ese es el gran reto que tenemos en este momento.

Pero las familias que sí han erradicado la coca sienten que el Gobierno les está incumpliendo…

El incumplimiento no está en el pago de las mensualidades, está en los proyectos productivos porque es un tema mucho más complejo. Lo difícil no es solo ponerse de acuerdo con los cultivos, sino conseguir las semillas. Nosotros estamos trabajando para cumplir. Ya no estamos en cero como estábamos al principio.

Hicimos un proyecto con la federación de los cacaoteros. Tenemos un millón y medio de plántulas de cacao creciendo en distintos sitios del país y un millón de plantas de sombrío creciendo.

¿Cómo están superando esos obstáculos en los proyectos productivos?

A través de convocatorias públicas con entidades que tienen presencia en el territorio y están en condiciones de brindar la asistencia técnica.

Al principio llegan técnicos, pero a medida que esto va creciendo cada vez es más difícil conseguirlos. Tenemos esa preocupación de la disponibilidad de recursos humanos en los territorios. Si estamos hablando de más o menos un técnico por cada 50 familias, para las 43 mil inscritas son cerca de 860 técnicos calificados que necesitaríamos.

Estamos convocando a la Agencia de Desarrollo Rural para que vaya asumiendo ese tema que es de su competencia. De hecho, ellos ya nos enviaron para apoyar nuestro trabajo unos 33 técnicos que están trabajando con nosotros. Con la Agencia Nacional de Tierras ya estamos también trabajando para que entremos a formalizar tierras donde sea posible y hacer los proyectos. Es un tema muy importante porque implica también las posibilidades de crédito.

Con la Agencia de Renovación del Territorio nos estamos articulando en la estrategia de desarrollo territorial. En la medida en la que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) han venido avanzando, nosotros nos hemos venido incorporando a ese proceso.

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¿Cree que el incremento a 209.000 hectáreas de coca, según lo anunció Estados Unidos, le resta importancia al programa de sustitución voluntaria?

Quienes están haciendo crecer esos cultivos no esas 124 mil familias. Quienes están sembrando son el Cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo, todos los criminales detrás del narcotráfico. Ahí toca entrar a erradicar y hacer énfasis en la política de destrucción de laboratorios.

La sustitución sola no va a resolver este fenómeno de crecimiento de los cultivos por cuenta de redes criminales. Atacarlas es fundamental, pero los próximos gobiernos no pueden confundir a los campesinos con criminales.

Si bien es cierto que los cultivos crecieron a nivel nacional, también es cierto que en algunos municipios decrecieron, como Briceño, Anorí. Hay disminución de los cultivos en Antioquia, Arauca, Guaviare, Guanía y Vichada.

¿De qué manera están protegiendo a las comunidades que sustituyen sus cultivos de coca?

Evitar un asesinato es muy difícil. Se están desarrollando unos protocolos, pero la Dirección de Sustitución de Cultivos no es un medio de protección, no tenemos ni medios ni recursos para protegerlos. Pero sí tenemos unas autoridades, una Fuerza Pública a la que le entregamos alertas tempranas para que se movilicen a los territorios a brindarles protección a las comunidades donde hay riegos. Estamos permanentemente reportando esas informaciones.

En muchos territorios, las mismas comunidades han pedido que la Fuerza Pública les ayude a erradicar ante las amenazas de los grupos armados. Van 2.515 hectáreas de coca erradicadas por la Fuerza Pública con la autorización de estas familias.

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Con el cambio de gobierno, ¿qué viene ahora?

Si cometen el error de devolver la rueda a lo que había hace 15 o 20 años en donde la concepción era que las comunidades eran delincuentes con las que no se podía hablar, desconocen esta realidad de que más 100 mil familias han levantado la mano para decir que sí le jalan a la paz y que están involucradas en procesos de esta naturaleza.

Lo que tiene que hacer el próximo gobierno es superar las falencias que nosotros tenemos en la asistencia técnica, en los proyectos productivos, en la velocidad de esos componentes y en mejorar la articulación con el PDET.

Parte de los logros del programa de sustitución es que miles de familias están involucradas en un proceso con el Estado y si las defrauda, están abocando a esos territorios y familias a una tragedia que pagamos todos los colombianos.

El Espectador

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