En diálogo con El Espectador, Gloria María Borrero habló sobre la importancia de fortalecer la política criminal y aclaró que aún no está claro si va a promover una reforma constitucional para modificar procedimientos de la JEP.

Gloria María Borrero, ministra de Justicia, dice que se debe fortalecer a la Fiscalía en algunas áreas de investigación.Gustavo Torrijos – El Espectador

Mientras se desarrollan posibles reformas a la justicia, que duran tiempos largos, ¿qué hacer ya para descongestionarla y ayudar a la gente?

La estrategia que vamos a desarrollar con el presidente Iván Duque es trabajar en primera instancia con los operadores de justicia que tienen los casos de la gente en el día a día, como comisarías de familia, jueces municipales y jueces promiscuos. El presidente quiere fortalecer esa primera instancia. Y esa es una tarea muy importante que podemos hacer sin reforma. Además, vamos a acompañar a la Rama Judicial para que mejore sus modelos de gestión.

¿Cómo se podrían mejorar?

Uno de los temas transversales del presidente Duque es la tecnología en la Rama Judicial, y este gobierno se va a empeñar en ello. Esto no significa que vamos a lograr que todos los expedientes sean electrónicos. Creo que eso es una utopía. No conozco un país que lo haya logrado. Pero sí hay unas partes que podemos mejorar con tecnología para facilitarle la vida a la gente. Queremos, por ejemplo, que temas como la interposición de denuncias sea digital. La idea es revisar qué pasa cuando la Fiscalía recibe una denuncia para poder mejorar el proceso. También queremos desjudicializar algunos conflictos para darles prominencia a los medios alternativos de solución de conflictos.

¿A qué se refiere exactamente?

A que no todo puede llegar a la Rama Judicial. La gente tiene que aprender a autocomponer sus propios conflictos. Tenemos que transformar la cultura y por eso tenemos que hacer mucha pedagogía. Todo el mundo dice que la justicia está en crisis y es muy alta la falta de credibilidad según las encuestas. Pero cuando uno hace esa encuesta con la gente que ha acudido a la justicia, las cifras disminuyen. Los medios de comunicación ayudan mucho a generalizar la mala imagen. Por eso creo que debemos hacer una estrategia de comunicación. Pero claro, son cambios a muy largo plazo. También debemos entender que la congestión de la justicia no está en todo el tema judicial.

¿Qué van a hacer con el sector que sí está congestionado?

Vamos a trabajar con el Consejo Superior de la Judicatura para ver de qué manera podemos hacer un mejor reparto de lo expedientes. Creo que Colombia ya puede dar el salto hacia muchos litigios virtuales. Por ejemplo: las tutelas. Además, tenemos que potencializar instrumentos como el recurso de extensión de jurisprudencia y trabajar con el propio Estado, que es generador de muchos conflictos. Todos tenemos que contribuir e ir comunicando lo que se va haciendo para que la gente vaya también mejorando su imagen de la administración de justicia.

Entonces, sí hay que mejorar esa imagen…

Claro que sí. Las encuestas no mienten. La gente no cree en los jueces, cree que todos son corruptos, que todos son lentos, y eso no es tan cierto. Debemos demostrarlo.

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¿Cómo? El país todavía está viviendo el coletazo del escándalo del cartel de la toga, uno de los peores que hasta el momento se hayan visto en la justicia colombiana.

La mala imagen sólo se logra cambiar con resultados. No vamos a llenar de mentiras a la gente para que empiece a cambiar. Creo que cuando la justicia cambie, vamos a mejorar la imagen del cuento. Pero hay cosas que no se saben comunicar bien. Cuando uno va a otros países, la imagen de la justicia colombiana es muy favorable, sobre todo por los avances en derechos fundamentales y eso se los debemos a los jueces. Por mencionar otro ejemplo: con la reforma del Código Contencioso Administrativo, los tiempos procesales en primera instancia disminuyeron 50 %. ¿Eso quién lo sabe? Nadie. Pero claro, también hay unas cosas terribles que pasan en la justicia colombiana, como escándalos de corrupción o procesos que llevan 15 años en una alta corte. Eso es inaudito.

En medio de esta lucha por mejorar la imagen de la justicia, que no termina de salir de un escándalo para entrar en otro, hay otro tema que ha puesto en duda su reputación y es la politización de la justicia. ¿Qué opina de esto?

Creo que son percepciones y hay que contrarrestarlas. ¿Por qué se dice que se ha politizado? Primero, porque las altas cortes y el Congreso tenían unas facultades electorales que les permitían nombrar entes de control, lo que trae consigo una gran burocracia. Entonces empiezan a interesarse en cargos y aparecen los clientelistas. Y hay otros hechos que realmente demuestran que la justicia sí puede estar politizada.

¿A qué se refiere?

Me refiero a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Todos los presidentes hasta el momento han sido irresponsables en designar a los jueces de jueces en esta instancia. Quien debe disciplinar a un juez debe ser una persona que esté por encima del bien y del mal. Pero cuando se le entrega a cualquier politiquero o secretario del Senado, ahí empieza a relajarse todo el sistema. Debemos recordar que también hay decisiones que son acusadas de interés político. Creo además que hay jueces que han deshonrado su independencia judicial y le han dado la sensación a la ciudadanía de que no juzgan a todo el mundo con el mismo rasero. La justicia debe estar por encima de cualquier cuestionamiento.

¿Podría darnos unos ejemplos?

No quiero ser irresponsable porque no me he adentrado en cosas de muchos procesos, y en este debate que está en este momento, yo sí quiero pasar por encima.

A propósito de la Sala de Disciplina, la Comisión de Disciplina Judicial, que debe reemplazar a esa instancia tan cuestionada, no ha podido entrar en funcionamiento. ¿Qué está pasando?

Ya hay un decreto, que tengo que analizar, que reguló el presidente Juan Manuel Santos. Pero estas son las cosas que no pueden pasar. ¿Cuánto hace que se creó la comisión y debía entrar a funcionar? Probablemente quienes integren esta instancia y se conviertan en los jueces de los jueces no van a ser las personas con las que yo sueño que estén por encima del bien y del mal, porque no hay incentivos para hacerlo. Tenemos que crearlos para que los abogados vuelvan a querer ser jueces y para que nosotros mismos volvamos a respetar a los magistrados como antes. Pero con ejemplos como el de Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Jorge Pretelt es complicado. Tenemos que volver a esa majestad de la justicia.

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¿Cuándo se perdió esa majestad?

Creo que es un proceso que viene desde hace muchos años y que tiene que ver con el tema de las mafias y el narcotráfico. Esa cultura de que todo lo podíamos comprar, del dinero fácil, y que se resaltaba más a la persona que tenía plata que aquella que estudiaba nos ha hecho mucho daño. Creo que es un proceso de degradación al cual no fue ajena la justicia. Si a todos los estamentos del Estado los permeó la mafia, ¿por qué a la justicia no? Claro que sí llegó hasta ella. El gran reto que tenemos ahora los colombianos es volvernos a reconstruir.

¿Qué leyes contra la impunidad y el delito quiere impulsar este gobierno?

Primero, la justicia debe ocuparse sólo de lo que corresponde, y por eso se está haciendo un esfuerzo de priorización. La ciudadanía tiene que entender que el Estado no se puede dedicar a todo y que no tenemos los recursos suficientes para tener aparatos gigantescos de fiscales y de jueces para atender todo tipo de conflictividad y para investigar todo tipo de delitos. Tenemos que autorregularnos. Hay que apoyar a la Fiscalía en su priorización con una política criminal coherente. Aquí todos nos hacemos trampa. Nunca hemos entendido el sistema como un todo, sino que cada uno jala hacia sus propios intereses y esto daña el sistema. Nos encanta el populismo punitivo y queremos que todo el mundo vaya a la cárcel. Y por eso somos incoherentes. Eso hace parte del nuevo lenguaje que tenemos que ir construyendo.

¿Qué medidas específicas se pueden tomar para mejorar esa política?

Hay que fortalecer a la Fiscalía en algunas áreas de investigación de acuerdo con su priorización. Debemos fortalecer los casos que requieren más investigación, pues la Fiscalía está trabajando casi solamente en temas de delitos cometidos en flagrancia. Hay que tener más jueces penales, porque el ente investigador tiene 110.000 audiencias represadas por falta de jueces. También tenemos que recapacitar a los actores del sistema, porque estamos perdiendo la agilidad que trae la oralidad. Además tenemos que olvidarnos de ese populismo punitivo que tanto nos afecta.

¿A qué se refiere?

A que en el sistema de política criminal todo está descuadernado. Y eso no es culpa de este último gobierno, sino una herencia que venimos padeciendo por el populismo punitivo. Hay que hacer una reforma al Código Penal y a las penas mismas. Tenemos que volver a extender ese mapa y a plantear cuáles son los delitos que el Estado va a castigar, cuáles son las conductas y cuáles son las penas. Esa es una tarea que tengo yo y que tiene este gobierno. Esperamos presentarla el año entrante.

¿Qué de lo que venía trabajándose en el Consejo de Política Criminal se va a seguir adelantando en su administración?

Hicieron un estudio del tema de penas y lo vamos a retomar. Aquí vamos a partir de lo que encontramos. Tengo que fortalecer el Consejo de Política Criminal. Tenemos que aprender a desarrollar el servicio de la coordinación de muchas entidades para cumplir los objetivos de una política pública. Entonces, tengo que profesionalizar ese servicio para volver a traer todos los actores. Quiero que el presidente coordine en algunos momentos ese Consejo de Política Criminal, porque a veces no viene el fiscal, no viene la Policía, y nos desarticulamos. Y si tenemos documentos técnicos que nos ayuden a tomar decisiones, podemos ir mejorando. Vamos a hacer un acuerdo, nos vamos a comportar como Estado y siempre vamos a trabajar con coherencia.

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¿Cuál es la posición del Gobierno respecto a la Jurisdicción Especial de Paz?

Es una posición de respeto. La justicia transicional ya existe en nuestro ordenamiento jurídico, está por fuera de la Rama Judicial, pero tiene unos grandes vasos comunicantes con todo el sistema de justicia. Vamos a ayudar a construir esos lazos y queremos que hagan rápido su tarea, y cualquier cambio que le queramos hacer, pues la misma doctora Patricia Linares (presidenta de la JEP) es consciente de lo engorroso que quedó el procedimiento y el diseño con todas las salas.

¿Cómo podría darse un cambio en ese sentido?

Tenemos que valorarlo. Somos conscientes de que una reforma constitucional le lleva al Gobierno dos años por lo menos y luego la implementación. Entonces, la idea es ponerle sentido práctico al asunto para ver qué podemos hacer con lo que tenemos para mejorar los procesos. ¿Es necesaria una reforma constitucional? Aún no lo sé, ni sé qué cosas vamos a tratar de cambiar. Lo único que sé es que los voy a ayudar a articular todo con el Estado y voy a ser su vocera para el tema presupuestal. Pero todo lo que se está creando es muy exagerado. Es impresionante la cantidad de cargos que hay. La Unidad de Investigación (de la JEP), por ejemplo, tiene 500. No podemos con eso, pues el presupuesto es limitado.

¿Estaríamos hablando de evaluar cómo quedó la JEP y a partir de allí cambiarla al modelo de un tribunal internacional?

Ojalá. Esto lo digo por el conocimiento que tengo desde la Corporación Excelencia a la Justicia y no como ministra. El presidente lo ha venido diciendo, pues quiere ayudar a la guerrillerada a que pase rápido a la transición. Pero no sé qué procedimiento podríamos utilizar o inventarnos para que no sea tan engorroso el proceso de amnistía e indulto, por ejemplo. Ese era el sentido que se debería haber tenido para la estructuración de la JEP. Pero bueno, ya se hizo así. Entonces, con lo que tenemos, sin que esto crezca más, vamos a trabajar para establecer cómo podemos agilizar el tiempo.

El gobierno anterior dejó lista la Ley de Sometimiento de Bandas Criminales. ¿Cuál es el paso que sigue?

Ya existe también un decreto reglamentario que estoy estudiando. No he hablado con el Gobierno ni con el presidente Duque de qué es lo que vamos a hacer con este tipo de grupos. Creo que esta debe ser una instrucción precisa del presidente. Lo único que sé es que no se alcanzó a cuajar nada del sometimiento con ellos y que hubo unas conversaciones superpreliminares.

La eterna papa caliente del Ministerio de Justicia es la crisis carcelaria. ¿Cuál es su propuesta?

Estamos en estado de cosas inconstitucionales y con grandes restricciones. No es fácil solucionarlas porque no tenemos plata y porque no tenemos gobernabilidad en el Inpec, pues existen 83 sindicatos. Estamos analizando si podemos llevar el caso a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Somos respetuosos del derecho de asociación, pero indudablemente creo que ha habido abuso de ese derecho.

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Mientras eso ocurre, ¿cuál es el plan para mejorar las condiciones de salubridad, por ejemplo? Esta semana hay varios presos en La Picota en protesta…

Vamos a tratar de ponerle humanidad al problema. Tenemos que entender que es una población vulnerable y sus familias también, para ver de qué manera los metemos dentro de los programas de asistencia del Estado. Hay que facilitar el tema de la comida, de la salud, mientras encontramos plata y estrategias para construir nuevos cupos. También tenemos que solucionar un tema clave, y es que en la cárcel debe estar quien deba estar en la cárcel y no todo el mundo. Tenemos que trabajar en la resocialización, pues es importantísimo, y también ayudarles a reintegrase a la vida social. Son demasiados problemas. No quiero que me capture la agenda, pero quiero estar cerca del problema carcelario. Yo no sé si Dios me trajo aquí para esto o si lo tomo por vocación. En la CEJ nunca volteé a mirar hacia el lado carcelario, y hay que hacerlo. Es un problema de seguridad y de humanidad. Voy a hacer todas mis gestiones para coordinar y para conseguir gente que me ayude.

¿Qué le quisiera decir al ciudadano de a pie sobre su papel en el Ministerio?

Lo que pasa es que para el ciudadano común es muy lejano, porque yo soy coordinadora de política. Yo no soy ejecutora directa de nada. Tenemos una rama independiente y autónoma. Pero como esto es una política del Estado, que la debe dirigir el presidente de la República, yo soy una facilitadora para que el presidente pueda realizarla. ¿Qué le digo a un ciudadano común? Que el Estado tiene una cantidad grande de ofertas para resolver sus conflictos y que estos se resuelven por las buenas. Que cuando no pueda, acuda a un tercero y que el Estado va a hacer los mayores esfuerzos para informarle de sus derechos y sobre las formas de acceder a la justicia. Y algo importante: que no acuda a la justicia por propia mano, porque eso es un generador de violencia.

El Espectador

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