ras la emergencia ocurrida en la madrugada del pasado domingo, que dejó 12 barrios afectados y 200 personas damnificadas, los habitantes de la capital de Putumayo piden que el Gobierno cumpla lo que prometió en marzo de 2017, cuando una avalancha acabó con la vida de más de 300 personas.

Imagen tomada tras la tragedia que ocurrió en la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril. Gustavo Torrijos / El Espectador

Vivir en Mocoa antes del 31 de marzo de 2017, día que quedó grabado en la memoria colectiva de todos sus habitantes por la avalancha que le quitó la vida a más de 300 personas, implicaba dormir sin miedo a la lluvia, al río, a la naturaleza en general.

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Luego de esa fecha todo cambió para sus más de 36.000 habitantes, quienes ahora, con la llegada de la lluvia, guardan silencio y se encomiendan a su dios.

“Antes de la tragedia del año pasado, había tranquilidad. Rico si llovía, rico si hacía sol. Cuando llegaba el agua era una bendición, pero ahora, sicológicamente afecta a muchos niños que generaron traumas por lo que pasó ese mes de marzo. Si llueve ya no dormimos, esperamos porque algo va a pasar, pues estamos rodeados de puros ríos”, dice Leidy Capal, una madre cabeza de familia y una de las 7.794 afectadas por las inundaciones en marzo de 2017.

Esos miedos que crecían cada vez que llovía, volvieron a aparecer 499 días después de la tragedia. El pasado 12 de agosto en la madrugada, las familias más cercanas a las orillas de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, se levantaron asustados por los ruidos de la lluvia de aquella mañana. Antes de que sonaran las alarmas, Leidy puso en práctica los protocolos de evacuació que las autoridades enseñaron después ed la tragedia del 31 de marzo.

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Cuando llegaron a los puntos de encuentro o a donde pudieron arribar por el miedo a encontrarse en medio de la avalancha de agua, lodo, piedras y escombros, sonó la alerta de riesgo. El miedo por repetir la historia, le puso combustible al instinto de supervivencia y prefirió correr antes de poner a salvo algo de lo poco que había recuperado en 16 meses.

“Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero sí perdimos todos los enseres. La Alcaldía y el Gobierno nos dicen que todos tenemos que abandonar los negocios, las viviendas. No nos dan ninguna clase de solución, tampoco nos han reunido a ver qué van a hacer con nosotros. Estamos totalmente abandonados”, manifiesta Neyi Bolaños, comerciante del barrio El Progreso, quien perdió por segunda vez su negocio de comidas rápidas.

Aunque el barrio donde vive Neyi no es uno de los 12 afectados en esta ocasión, su preocupación es apremiante porque las deudas no la dejan conciliar el sueño. En 2013 sacó un préstamo para tener su casa propia. Comenzó en ese entonces con un compromiso, para pagar a partir de 2028, de $59.000.000. Ese valor, por cuenta de los intereses, subió a $63.000.000, pero lo que no entiende es el incumplimiento de la palabra del Gobierno tras la tragedia, en la que se comprometió, junto al Fondo Nacional del Ahorro, a perdonar por ocho meses las obligaciones bancarias.

“En noviembre nos tocó volver a pagar los créditos y había aumentado $10.000.000 por los intereses. El alivio para mí no es que aumente la deuda”, manifiesta Neyi, pues por segunda vez la lluvia arrasó con lo único que le daba la tranquilidad de cumplir mes a mes su compromiso.

Tras la primera tragedia, Neyi se empecinó en reabrir Comidas Rápidas de Neyi con pica en mano y cargando el material desde la chatarrería hasta el establecimiento. Limpió cada rincón del espacio y reconstruyó la pared que se había caído a punta de ladrillos reutilizados. Su familia y sus amigos le fueron dotando el lugar con donaciones. Recibió sillas, mesas y otros moviliarios que le permitieron volver a trabajar. Fueron ocho meses hasta que vio de nuevo su negocio vendiendo y su tranquilidad colmada.

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Pero como ella, decenas de familias renuncian a la idea de abandonarlo todo por orden de evacuación y sin ayudas que les alivien económicamente sus pérdidas materiales. Mientras que hay otras que el miedo de una tercera vez los impulsa a tomar por decisión definitiva dejar esa vida que habían construido a orillas de los ríos para buscar un lugar más seguro, donde la lluvia no los ponga como centinelas.

“Estoy evaluando la situación con mis vecinos porque hemos vivido 40, 30 años en el barrio San Agustín. Ellos deciden irse ahora, por eso estoy ayudándoles a gestionar qué documentos tienen que llevar para que puedan ser subsidiados con el arriendo. La idea es que ellos tengan su casita y puedan estar un poco tranquilos”, cuenta Leidy Capal, quien este martes recibió las llaves del subsidio de casa que le dio el Gobierno tras la tragedia del 31 de marzo.

Aunque el subsidio a los propietarios que perdieron sus casas es de $250.000, este no es suficiente para el alquiler que se consigue por encima de los $400.000. Para acceder a este es necesario reportarse como damnificado, presentar los documentos de identidad y las escrituras de la vivienda. Así logró Leidy tener esa ayuda mientras le entregaban su nuevo hogar.

La entrega de la casa de Leidy fue una de las 300 presupuestadas para junio de 2018. El Gobierno estima entregar en total 1.416 viviendas de 64 metros cuadrados y de tres habitaciones, pero la cifra podría aumentar por lo ocurrido el pasado 12 de agosto.

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El reciente hecho disparó la angustia y el remordimiento de perder lo antes perdido y recuperado. Fueron 200 damnificados, 170 viviendas afectadas y 12 barrios damnificados. Ocho veredas, dos acueductos, una torre de energía, tres escuelas, un puente vehicular y tres peatonales afectados por las lluvias que generaron las inundaciones y deslizamientos de tierra.

Este Gobierno les cumplió con el tema de agua, sin embargo, Leidy y Neyi sostienen que no han visto en sus barrios la presencia de la administración pública. Por rumores saben que los ministros de Vivienda y Medio Ambiente, Jonathan Malagón y Ricardo Lozano, respectivamente, se reunieron a puerta cerrada con el alcalde de Mocoa, Jorge Castro, y la gobernadora de Putumayo, Sorrel Arroca, para imponer una agenda.

Mientras tanto, les han entregado un kit de alimentación junto a una colchoneta por grupo familiar. No tienen conocimiento de albergues y por impulso de solidaridad y supervivencia, se las arreglan para conseguir el alimento y llenar los estómagos mientras esperan un día a la vez por las ayudas necesarias que les quite el peso de las deudas o que les garanticen una noche sin pesadillas.

El Espectador

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