Este martes, la Comisión Primera de la Cámara retoma el debate para permitir que las elecciones de las autoridades territoriales y nacionales se desarrollen el mismo año. La polémica sigue siendo la propuesta para ampliar el período de los actuales alcaldes y gobernadores.

Comisión Primera

Desde el 3 de octubre se debate sobre la unificación de períodos para gobernantes. Archivo El Espectador

El pasado miércoles 3 de octubre revivió en el escenario político el debate sobre la unificación de períodos para autoridades nacionales, regionales y locales elegidas popularmente. En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes comenzó la discusión de un proyecto de acto legislativo para tal fin, impulsado por varios sectores en el Capitolio, agregándole una propuesta controversial: que los actuales mandatarios electos prolonguen su período hasta 2022.

No es la primera vez que se intenta sacar adelante esta propuesta. Como se recordará, una de las promesas en la campaña de reelección de 2014 del entonces candidato presidente Juan Manuel Santos fue llevar al Legislativo una reforma que permitiera que los alcaldes y gobernadores de ese momento se pudieran reelegir de manera transitoria y así unificar los períodos a partir de 2018.

Hundida esa iniciativa, ahora el Congreso se prepara para reabrir la discusión y este martes la Cámara Baja deberá evaluar la conveniencia, constitucionalidad y urgencia de sacar adelante, ahora sí, ese proyecto que modificaría la Constitución.

¿Qué contempla? Básicamente, para lograr el objetivo de unificación de períodos se plantea que el mismo día de las elecciones legislativas de 2022 (segundo domingo de marzo) se vote por gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles, “de tal manera que todos los elegidos inicien sus períodos constitucionales según corresponda”.

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¿Cómo serían, entonces, las fechas concretas si se avala el contenido del proyecto 140 de 2018? Los congresistas iniciarían su período el 20 de julio, las autoridades territoriales el 25 de ese mismo mes y el presidente de la República el 7 de agosto del mismo año. Las críticas a la iniciativa, en todo caso, apuntan a su inconstitucionalidad, principalmente por proponer que los mandatarios regionales y locales electos en 2015 permanezcan hasta 2022. De hecho, este punto fue calificado de mico por sus contradictores.

Lo primero que hay que aclarar es que, por tratarse de una reforma constitucional, esta propuesta ya había sido objeto de discusión antes de ser radicada en el Congreso, en una audiencia pública realizada el pasado 27 de septiembre. Es decir, no fue una propuesta incluida a última hora, antes de comenzar el debate en la Cámara.

En ese momento, organismos como la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales anunciaron al unísono su apoyo a la iniciativa, por considerar que “mejoraría la coordinación y articulación en la planeación económica entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional”.

No obstante, la discusión en torno a su constitucionalidad cobró relevancia, pues no son pocos los sectores que consideran que, aunque es necesaria la unificación de períodos, prolongar el mandato de los actuales representantes electos vulneraría la voluntad popular de los ciudadanos que los eligieron en 2015, cuyo derecho es protegido por la misma Carta Política.

En respuesta, los defensores del proyecto señalan que “la afectación del mandato popular (…) no es ni comparable con la suerte del mismo mandato —temporal o programático— cuando entra un gobernador o un alcalde a reemplazar al elegido por falta absoluta, gracias a la designación ejecutiva del presidente o del gobernador para los 18 meses o menos del mandato restante (…)”, según un argumento jurídico remitido a la Comisión Primera de la Cámara.

En pocas palabras, los promotores de la iniciativa —entre quienes se encuentran los representantes César Lorduy, Jairo Humberto Cristo y Jaime Rodríguez Contreras, de Cambio Radical, y Alfredo Deluque y Jorge Burgos, de la U— consideran que ni siquiera en este caso, en el que el gobernante es designado por una autoridad específica, se ha declarado la inconstitucionalidad a pesar de que el reemplazante “carece de legitimidad popular. No podría ser diferente en el caso de la extensión del período de los actuales mandatarios, que sí fueron elegidos por el pueblo”.

La contrapropuesta

Uno de los partidos políticos que se opusieron a la propuesta inicial de este proyecto fue la Alianza Verde. No porque no considerara necesario unificar los períodos, sino porque, afirma, ampliar los términos de duración de mandato de los alcaldes y gobernadores electos en 2015 no busca nada más que hacerles un favor a sectores como Cambio Radical, ya que, aseguran, es la colectividad la que está detrás de la iniciativa.

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“Que alcaldes como Peñalosa en Bogotá sigan hasta el 2022 es una violación flagrante y grave a la democracia. Fueron elegidos para cuatro años”, señaló el representante Inti Asprilla, quien advirtió que el Congreso no puede ampliar los períodos “de manera arbitraria y dictatorial”. Juanita Goebertus, también de los verdes, presentó ante la Comisión Primera una ponencia alterna que, aunque defiende la unificación de períodos, propone que dicha reforma solo sea aplicable hasta el año 2028.

Además de lograr que los períodos de las autoridades locales, regionales y nacionales coincidan a partir de esa fecha —para evitar legislar en interés propio—, se propone ampliar el tiempo de altos funcionarios del Estado: el presidencial, el de los congresistas, diputados, concejales, alcaldes, gobernadores, fiscal, contralor y defensor del Pueblo.

“Contar con períodos más largos permite dar estabilidad y continuidad al Gobierno con el fin de evitar las alteraciones que causan las rupturas propias de los períodos más cortos. Extender un año el período permite ofrecer un año adicional de ajuste y planeación para que los siguientes cuatro sean de ejecución”, argumentó la legisladora.

La idea de Goebertus es la siguiente. En 2022, fecha en la que tendrán lugar las próximas elecciones legislativas y presidenciales, comenzarían los períodos de cinco años para estos, terminado el 31 de diciembre de 2027. Habría un período de transición, dado que terminarán ejerciendo, para 2027, un período de cinco años y cinco meses. El objetivo sería unificar todos los niveles, incluyendo el de los entes de control arriba mencionados.

Entonces, los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales (JAL) que se elijan en los comicios de 2019 y en 2023 ejercerían su período regular de cuatro años, para unificarlos con el presidencial en 2028, pues comenzarían a desarrollar sus funciones a partir de ese año.

“Para velar por el equilibrio de poderes y la correcta vigilancia y control de las entidades, se extiende el período del fiscal general, que empezará a regir para la elección del año 2020. En el caso del defensor del Pueblo, el nuevo período de cinco años también empezará en la elección del 2020. Por su parte, para el procurador general, el período de cinco años empezará a regir en la elección del 2021. Para el contralor general se mantiene lo dispuesto respecto a la coincidencia de su período con el del presidente”, agrega el texto de la propuesta.

Las fechas de convocatoria para elecciones sería así: el segundo domingo de marzo de 2027 se votaría para Senado y Cámara, el segundo domingo de agosto de ese año para Presidencia de la República, y el segundo domingo de octubre sería para alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de JAL. Todos comenzarían el ejercicio de sus funciones el 1º de enero de 2028. En últimas, las dos propuestas de los congresistas que representan orillas distintas no se contraponen, salvo asuntos esenciales que giran en torno a los actuales mandatarios territoriales.

Al final, los beneficios han sido expuestos ampliamente en los textos que ya están sujetos a consideración de los legisladores: la coordinación y puesta en marcha de políticas públicas que ejecuten los planes de desarrollo nacionales y regionales, evitar las restricciones que representa la Ley de Garantías y ahorrar presupuesto en los costos propios de un proceso electoral. Resta esperar a ver si esta reforma, por tener evidentes intereses políticos, no termina naufragando como las tantas iniciativas que, buscando el mismo objetivo, resultan derrotadas por el ineludible pulso que a diario se presenta en el Capitolio Nacional.

El Espectador

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