U. del Rosario dice que en capitales grandes hay alto número de personas debajo del sueldo básico.

Aunque los gremios empresariales y organizaciones de trabajadores y pensionados agotaron el sábado el primer plazo legal para fijar de manera concertada el incremento del salario mínimo, las conversaciones siguen y antes del 31 de diciembre puede llegarse a un consenso para que el Gobierno no expida un decreto sin acuerdo.

Sin embargo, como consecuencia de la evasión, el alto número de trabajadores por cuenta propia y las cifras de empleados domésticos y trabajadores sin remuneración en familias y empresas solo cobijaría de manera estricta a 2,34 por ciento de los ocupados en 23 áreas del país (ciudades principales), es decir, a 279.621 personas.

¿Por qué este porcentaje tan bajo, que discrepa de los millones que se mencionan cuando se inician las discusiones del mínimo? Con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih), que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario (Labour) dice en su informe ‘Panorama de la negociación del salario mínimo 2019 y análisis del proyecto de ley de prima legal para la canasta familiar’ que aunque hay 22,7 millones de ocupados en todo el territorio, el debate se debe centrar en los 11,9 millones que trabajan en las 23 áreas más grandes, pues no existe certeza sobre los contratos en las rurales.

De esos 11,9 millones de ocupados, el análisis no incluye a cerca de 6 millones que trabajan por cuenta propia ni a los sin remuneración. En consecuencia, los verdaderamente asalariados allí son 6,2 millones de personas.

Dado, según los cálculos, que el 56,7 por ciento de ellos tiene remuneraciones de entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes (s. m. l. v.), el 22,2 por ciento posee salarios superiores a este valor y el 18,5 por ciento recibe un monto menor; solo el 2,34 por ciento percibe el sueldo mínimo.

El monto del salario mínimo comparado a precios constantes y con paridad de poder de compra no es suficiente si, aparte de estos criterios monetarios, no se tienen en cuenta los elementos cualitativos, en particular la alta incidencia del empleo por cuenta propia en Colombia”, explica el reporte.

Además, sostiene que la evasión del s. m. l. v. es del 18,5 por ciento, por lo que uno de cada cinco asalariados de las principales 23 urbes gana menos de ese monto (781.242 pesos). La evasión es mayor para las mujeres en más de un punto porcentual.

La evasión se debe en gran parte a que un trabajador que va a buscar puesto a un pequeño negocio no tiene poder de negociación y resulta enganchado, pero no recibe el salario mínimo y demás
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“La evasión se debe en gran parte a que un trabajador que va a buscar puesto a un pequeño negocio no tiene poder de negociación y resulta enganchado, pero no recibe el salario mínimo y demás derechos”, dice Juan Carlos Guataquí, coautor del estudio junto con Diana Isabel Londoño e Iván Jaramillo Jassir.

Alta evasión en comercio

El patrón de medición del centro universitario indica igualmente que el sector de comercio, restaurantes y hoteles muestra una evasión del s. m. l. v. del 28,1 por ciento.

La razón, según los analistas, es que en estas actividades se concentra el mayor número de negocios que se crean por subsistencia y pagan bajos salarios.

El sector con mayor incidencia directa del s. m. l. v., donde este parece ser un referente claro de remuneración, es el de la construcción, en el cual 3,24 por ciento de los ocupados ganan exactamente un salario mínimo mensual.

Consideramos que la intermediación financiera, si bien tiene un 3,27 por ciento de sus asalariados ganando el salario mínimo, no lo utiliza como un referente, dado que es el sector que mejor remunera a los asalariados porque el 33,88 por ciento gana más de dos mínimos”, agregan los analistas de Labour.

Bajo nivel productivo

Además de este análisis, se conoció otro sobre el peso de los negocios por cuenta propia en la creación de compañías y generación de puestos de trabajo en el país.

La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) señala que entre las firmas creadas entre el 2012 y el 2017, que sobrepasaron los cinco años de vida, existe un alto porcentaje de no empleadoras. Y son precisamente las relacionadas con actividades de cuenta propia o micronegocios, cuyas operaciones en el mediano plazo no generan el aumento del tamaño inicial ni la creación de nuevos factores productivos.

Agrega que la correlación en Colombia es del 67 por ciento, casi el doble de la observada en el promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), donde es del 36 por ciento. “Esto obedece a la mayor proporción de emprendimientos de necesidad que hay en las economías de América Latina en comparación con las de mayor grado de desarrollo”, asevera el gremio.

Piden equidad

Por su parte, los analistas e informes mencionan la necesidad de que la Mesa de Concertación Laboral deje de ser un debate en el cual las organizaciones sindicales se enfrentan con una propuesta alta a los gremios, que presentan una sustancialmente menor.

“Es momento de que en Colombia seamos conscientes de que la definición del salario mínimo no depende de una negociación sin fundamentos, sino que debe depender de las reales capacidades de los empresarios para pagar salarios justos, y de brindar la oportunidad real a los trabajadores para salir de la trampa de pobreza en la que se encuentran”, dice Daniel Felipe Pardo, de la firma Multiedro Consulting.

En su opinión, la distribución tan mala del margen empresarial hace que la economía se contraiga, y eso explicaría en parte por qué los salarios son tan bajos en Colombia.
“Es importante tener en cuenta que el desempleo en el país está rondando el 10 por ciento, es decir, los salarios bajos no son garantía de pleno empleo”, asevera.

Por su lado, Labour recuerda que según la sentencia del Consejo de Estado emitida el pasado 23 de marzo, no es posible fijar el mínimo con base en el porcentaje de inflación de los primeros once meses del año (3,27 por ciento, según el Dane), con una proyección para diciembre y que implique la disminución en términos reales del mínimo de los trabajadores. “Por ello, es que el Gobierno está obligado a motivar la decisión con mayor claridad e indicando los fundamentos económicos, sociales, técnicos y financieros”.

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