Los reclusos obtienen lo que quieren por medio de sobornos y extorsiones. Aquí, las pruebas.

La captura, el 30 de enero, del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, César Augusto Ceballos, quien antes había dirigido La Picota, es la segunda detención de jefes de centros de reclusión por corrupción en cuatro meses.

Y si bien la detención de Ceballos y la del mayor Luis Perdomo, director de La Picota, el 27 de septiembre, indican que se está investigando la corrupción en las cárceles, esas detenciones, y las de otras 120 personas del Instituto Nacional penitenciario y carcelario (Inpec) entre el 2017 y el 2018 son mínimas frente al generalizado negocio de sobornos y extorsiones que protagonizan presos y funcionarios del Inpec.

Hay millonarios pagos de reclusos a guardias y directores para tener todo lo que está prohibido en una prisión. Al director de La Modelo, de hecho, le imputaron el miércoles enriquecimiento ilícito.

La corrupción más recurrente y conocida en las prisiones tiene que ver con sobornos de los presos para tener objetos como celulares y armas –pagan hasta 5 millones de pesos por la más sofisticada en Bellavista, por ejemplo–, pero también hay extorsiones de funcionarios del Inpec a los presos.

Les piden dinero para incluirlos en las codiciadas listas de quienes pueden redimir pena con trabajo y estudio. Y lo más grave es que quienes tienen dinero para pagar no necesariamente cumplen con las tareas para rebajar pena.

Una de las extorsiones más escandalosas de funcionarios del Inpec es para cambiar de patio a un recluso: hasta 300 millones de pesos le pedía Ceballos a un extraditable, según le relató él a este diario.

La Redacción Justicia de EL TIEMPO documentó con presos de distintas cárceles el nivel de corrupción que hay en los centros de reclusión. El hacinamiento, un problema denunciado muchas veces, termina siendo uno de los incentivos para sobornar o extorsionar.

EL TIEMPO

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