Fiscalía, además, dice que miembros de red vinculada a ese fiscal negociaba cargamento de cocaína.

El fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, Carlos Julián Bermeo, aseguró que podría retardar órdenes judiciales, «solicitar prórrogas de las órdenes de un magistrado para dilatar los términos, la devolución de un documento enviado por un agencia de investigación», en el proceso de extradición de Jesús Santrich.​

Ese fue uno de los señalamientos que hizo la Fiscalía durante la imputación de cargos contra Bermeo, el exsenador Luis Alberto Gil Castillo y otras tres personas capturadas el viernes pasado.

El fiscal del caso sostuvo que ese ofrecimiento lo hizo Bermeo el 1 de marzo en una reunión que fue grabada por un agente encubierto. Aseguró el funcionario judicial que, según el manual de funciones de la JEP, Bermeo estaba en posibilidad de cumplir con los ofrecimientos que había hecho.

En la reunión -dice la Fiscalía-, Bermeo afirmó que «ya había logrado influir en servidores públicos», con lo cual había conseguido que la carta enviada a los Estados Unidos pidiendo las pruebas del caso no llegara a su destino. 

Como se sabe, mientras en Colombia se pensaba que EE. UU. había decidido simplemente no pronunciarse sobre la solicitud de pruebas hecha con la carta de la JEP,  a finales de enero pasado se vino a saber que la comunicación no había llegado a su destino.

El Gobierno responsabilizó a la empresa de mensajería 4-72 del extravío de la misiva, que se quedó, inexplicablemente, en Panamá, y tuvo que ser enviada de nuevo.

Igualmente Bermeo -según la Fiscalía-, señaló, en concreto, que había influido en un secretario encargado de recibir los documentos de la JEP para retrasar el menos tres meses ese proceso.

«Incluso se habla de un magistrado con el cual miembros de esta organización delincuencial han estado reunidos y que, además, cuenta con un grupo grande de servidores que colaboran en esta empresa criminal», sostuvo el ente acusador.

Negocio de droga

La Fiscalía señaló que la red negoció en la misma reunión del 1 de marzo la entrega de droga a una persona identificada como Alexander Toro. Dijo el fiscal que en presencia del agente encubierto ofrecieron entregar 120 kilos de droga que sería llevada a Roma (Italia), para ser distribuida en una discoteca de Toro.

En el caso de Gil Castillo y Bermeo no solo se le imputó el cargo de concierto para delinquir por las maniobras para afectar el proceso de Jesús Santrich sino por el acuerdo para negociar droga con destino a Roma (Italia).

Toro, quien pidió la droga, dice la Fiscalía, es amigo del fiscal Bermeo.

“Usted esperaba recibir al menos 500 mil dólares americanos”, sostuvo la Fiscalía, refiriéndose a Bermeo, y señaló que la red completa entraría otro millón y medio de dólares “a cambio de influir en servidores públicos que conocen del proceso de extradición de Jesús Santrich”.

Luis Orlando Villamizar Gamboa, cercano al exsenador Gil Castillo y su conductor Yamit Alejandro Prieto Acero (también capturados), dice la Fiscalía, tenían el encargo de recibir el dinero y trasladarlo a un sitio en el que habían acordado reunirse todos los miembros de la red.

La Fiscalía presentó en la diligencia una carta de la DEA en la que advierte sobre hechos irregulares que se estarían cometiendo. Los documentos de legalización de las labores del agente encubierto, el informe de sus gestiones, y las órdenes que permitieron usar dinero del fondo de bienes del ente acusador para realizar la operación controlada.

Audiencia con Gil por teleconferencia

La audiencia con Bermeo y los otros implicados en el escándalo se reanudó este martes sin la presencia física del exsenador Luis Alberto Gil Castillo, quien finalmente no fue trasladado a los juzgados de Paloquemao y asiste a la diligencia por videoconferencia desde un centro asistencial del occidente de Bogotá.

Se les imputan los delitos de cohecho, trafico de influencias y concierto para delinquir.

La Fiscalía afirmó que las irregularidades por las que fueron capturadas las cinco personas se desarrollaron entre diciembre de 2018 y hasta marzo de 2019, cuando hubo un concierto para delinquir para cometer delitos.

El ente acusador sostuvo que Gil Castillo y Luis Orlando Villamizar Gamboa tenían la misión de realizar los contactos para cometer las irregularidades.

JUSTICIA EL TIEMPO

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