Desde hace más de un mes Laura Pérez cambió su rutina de transporte: dejó el bus y aunque no tiene vehículo, va y vuelve de la universidad a su casa en moto.

Como cada vez llegaba con un conductor diferente, hace pocos días el portero de su unidad no se aguantó la curiosidad y le preguntó que cómo conseguía tantos amigos con moto. La muchacha soltó una carcajada.

“No, don Pedro, yo uso una aplicación y viene un conductor: funciona como Uber, pero solo con motos”, le contó.

Laura conoció el servicio por casualidad. Una vez, mientras esperaba un taxi cerca a la estación del metro Poblado, un joven se ofreció a llevarla. Ella se negó, porque sintió miedo, pero también se le despertó la curiosidad. Durante las siguientes semanas notó que los motociclistas que se parqueaban en la zona eran los mismos, y que siempre llevaban y traían a gente distinta.

Una vez aprovechó que una muchacha de su edad se bajó de una de las motos que ya reconocía y le preguntó si no le daba desconfianza andar con desconocidos, la mujer le explicó que eran mototaxis y que estaban desde hace varios meses por ahí.

“Yo no lo podía creer, pensaba que eso solo se veía en la costa. Luego me di cuenta que la atrasada era yo”, apuntó.

En auge

El fenómeno del mototaxismo se repite en otras estaciones del metro, especialmente en el occidente y norte de Medellín.

Pero el asunto no para ahí. Dos aplicaciones móviles, Picap y Cuper, ya operan en la ciudad. La primera tiene más de dos años en el mercado local y según sus propias estadísticas, tiene más de 5.000 conductores activos. La segunda entró en servicio a comienzos del 2019. Sus voceros se negaron a revelar información sobre la operación y la seguridad, aduciendo que están “resolviendo la situación jurídica”.

Humberto Iglesias, secretario de Movilidad de Medellín, confirmó que su dependencia ha recibido reportes de transporte ilegal en moto.

“Yo la verdad lamento eso, nosotros estamos combatiendo la legalidad y la informalidad” dijo, y añadió que la meta es reducir la cantidad de vehículos que circulan “en la ilegalidad”.

El funcionario reconoció que los conductores de este tipo de servicios son mucho más difíciles de identificar, pues no hay distintivos o señales particulares, y en el caso de las aplicaciones móviles, ni siquiera hay un sitio base de operación.

Así funcionan

Andrés T. lleva más de seis meses trabajando con Picap. Su zona preferida es Belén y Laureles, porque conoce mejor las direcciones.

Este padre de familia de 29 años cuenta que antes trabajó en una empresa de plásticos, pero que le resultó más rentable sacarle provecho a la moto y renunció. “Con la liquidación me compré una moto mejor, dos cascos nuevos y un celular con más batería y arranqué a trabajar”, dijo.

Labora entre 8 y 9 horas al día y sostiene que el 70 % de los pasajeros que transporta son mujeres.

Cada vez que toma un servicio, llama al celular del usuario, confirma la dirección y empaca el casco del pasajero en un morral. Casi siempre le pagan en efectivo, así que tiene una base con dinero de baja denominación para devolver.

El precio de la carrera es entre 30 y 50 % más bajo que el que cobra un carro con Uber o un taxi. “Eso se explica porque la moto es más barata, consume menos gasolina y solo lleva un pasajero”, dijo Camilo Rodríguez, gerente de Picap en Colombia.

¿Pero qué pasa si ocurre un accidente? Rodríguez aseguró que a todos los conductores se les exige Soat para ingresar a la aplicación.

“Eso les da una cobertura inicial de hasta $20 millones, pero ya estamos activando unas pólizas con una aseguradora colombiana, que va a dar una cobertura adicional de $160 millones”, dijo.

Según el gerente, el año pasado los conductores que usan su aplicación en todo el país hicieron más de 4 millones de viajes, y reportaron 8 accidentes leves y 4 moderados.

La cifra es llamativa especialmente si se tiene en cuenta que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reportó que en 2018 el 48,2 % de las víctimas mortales de los incidentes viales fueron motociclistas (3.126 muertos).

Líos legales

El gerente de Picap aseguró que en Medellín sus conductores reportan la imposición de entre 20 y 40 multas de tránsito mensuales por prestar el servicio de transporte.

La infracción es la número D12 en el Código Nacional de Tránsito y se castiga con una multa de un salario mínimo ($828.120).

Pero ese no es el único problema. El pasado 12 de marzo, el Ministerio informó que demandó a Picap porque considera que supone un “inminente riesgo, que compromete la vida de los usuarios”.

Por su parte, la ANSV envió un comunicado advirtiendo que “la motocicleta no está habilitada para ser usada como vehículo de transporte público”.

Rodríguez manifestó que su aplicación es un “marketplace similar a Mercadolibre, donde se conecta a alguien que ofrece un servicio con otra persona que lo necesita” y que, por eso, no se puede catalogar como transporte público sino privado.

Sobre la demanda, aclaró que aún no ha sido notificado de su admisión.

El secretario Iglesias dijo que la última palabra sobre la legalidad de estas aplicaciones y otras como Uber y Cabify la tiene el Gobierno Nacional .

EL COLOMBIANO

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