‘Protección de la vejez’ es el nombre de la iniciativa, bajo cuatro ejes. Las edades no subirán.

Desde finales de este año el Gobierno dejará planteado el proyecto de reforma pensional que presentará al Congreso de la República, el cual estará basado en la búsqueda de la equidad en esta materia y en el fortalecimiento del ahorro, con el fin de que no siga creciendo el número de personas que llegan a la edad de jubilación sin un ahorro que les alcance para tener una mesada pensional.

Así lo anunció este viernes el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, durante su intervención en el 12 Congreso Fiap-Asofondos que culmina en Cartagena.

El funcionario indicó que el Gobierno ya se encuentra listo para presentar su propuesta definitiva de reforma pensional a finales del presente año, pero no amplió detalles del contenido de dicha propuesta que, sin duda, estará basada en los pilares de equidad y el fortalecimiento del ahorro.

Sin embargo, lo único que está claro para el Ejecutivo es que no habrá un aumento en la edad de jubilación, toda vez que el jueves, el viceministro de Trabajo, Andrés Uribe, recalcó que no habrá cambios en este frente, lo cual indica que la edad de pensión para las mujeres seguiría en los 57 años y la de los hombres en 62 años, pese a que el centro de estudios económicos Fedesarrollo había planteado la necesidad de intervenir este punto en la reforma.

En la iniciativa, que Carrasquilla llamó ‘Protección a la vejez’, se avanzará en la propuesta a través de mesas de trabajo que se extenderán hasta el tercer trimestre de este año y su texto estaría listo a finales del 2019, pero la discusión iniciaría hasta el primer semestre del 2020 en el parlamento.

Cuatro ejes para afrontar el cambio

“Tenemos un equilibrio en el cual hemos tomado la decisión de subsidiar muy fuerte las pensiones y, mientras tanto, tenemos descubierto otros temas relacionados con la vejez. Es razonable pensar que tenemos que hacer un cambio, porque este ritmo es absolutamente insostenible”, anotó.

Con base en esa premisa, Carrasquilla sostuvo que el Gobierno enfatizó sobre cuatro puntos para aumentar la cobertura en la vejez y que están consignados en el plan de desarrollo.

El primero tiene que ver con el régimen de inversiones de las pensiones voluntarias, pues este resulta mucho más restrictivo e ineficiente que el esquema aplicable
a los fondos de pensiones obligatorias.

«Esta limitación impide que los colombianos que ahorran en los fondos de pensiones voluntarias tengan rendimientos más altos y no permite que las inversiones puedan ajustarse al perfil de riesgo de cada afiliado», explica.

El segundo se concentra en eliminar la posibilidad de tener dos pensiones al mismo tiempo, pues de esta manera se eliminan las inequidades y se pueden destinar mayores recursos que logren la cobertura de los más vulnerables.

El tercero busca atacar el reconocimiento irregular de mesadas y el cuarto es impulsar la promoción de los beneficios económicos periódicos (Beps).

Frente a este último aspecto, Carrasquilla puntualizó en que los Beps dejarían de ser optativos para quienes no alcanzan el ahorro.

“La persona también podría retractarse de destinar sus ahorros a BEPS. Si decide hacerlo, perdería el beneficio del 20 % que le otorga el gobierno y no tendría el alivio de recibir un ingreso garantizado y vitalicio en su vejez».

Los Beps, factor clave

Carrasquilla se refirió al bloque de personas que han ahorrado pero que el monto no alcanza a ser equivalente a un salario mínimo mensual. En este caso, Carrasquilla destacó los beneficios económicos periódicos (BEPS) que están atados a un aporte que hace el Estado para construir un capital de renta de cobertura, en población en edad de jubilación
.
Así las cosas, el panorama del país se divide en un 34 por ciento de la población que no ha ahorrado nada, un 46 que ahorró, pero que no le alcanza para la pensión, y un 20 por ciento que alcanzó la jubilación.

En ese sentido, aseguró que para ese 34 por ciento que no ha ahorrado nada el Gobierno está empezando a trabajar en estrategias para fomentar los mecanismos de ahorro en personas que se concentran principalmente en la economía informal.

“El gasto público que se hace en materia pensional es un desafío adicional que tenemos”, dijo el Ministro, quien anotó que desde el punto de vista distributivo el de pensiones es el segundo gasto más grande del Gobierno, solo por detrás de la educación.

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