Primer monitoreo desnuda una sobreocupación general del 142 por ciento y enormes tiempos de espera.
En Colombia, la posibilidad de que una persona que llega a un servicio de urgencias sea atendida en el tiempo que su condición lo requiere es prácticamente incierta, a juzgar por los resultados del primer monitoreo nacional que realizó la Defensoría del Pueblo y que este diario acompañó con periodistas en varias ciudades.
Con sobreocupaciones que
pueden llegar hasta el 244 por ciento y rangos de espera que alcanzan
las nueve horas tan solo en el triage, es claro decir que la situación
de estos servicios pone en riesgo, según la misma Defensoría, la
garantía del derecho fundamental a la salud, amparado por la
Constitución.
Se trata de la primera radiografía en profundidad,
con base metodológica específica, que analizó cuatro grandes variables:
características de los servicios, disponibilidad y oportunidad,
accesibilidad y calidad, a partir de la visita a 170 hospitales de todo
nivel en el país en agosto pasado.
Los hallazgos fueron más que preocupantes y confirman la crudeza de un problema histórico en el sistema de salud colombiano, afirma Carmen Eugenia Dávila, delegada para el derecho a la salud de la Defensoría del Pueblo, quien coordinó el trabajo.
“Tras
el análisis insistimos en que el país necesita con urgencia aplicar
correctivos que empiezan por la implementación real de un modelo de
atención adecuado y la génesis de una política de formación integral del
talento humano que responda a las necesidades en este y otros
servicios”, expuso Dávila.
Y no le falta razón porque al observar, por ejemplo, el tipo de demanda de estos servicios, solo
7 de cada 10 personas consultaron por problemas verdaderamente
urgentes, mientras que el resto acudió por situaciones que debieron ser
resueltas en condiciones programadas, ambulatorias y en otros niveles de redes que deberían ser garantizados por los aseguradores.
Eso
mismo puede explicar la gran cantidad de pacientes en las salas de
observación, áreas que se convirtieron de manera anormal en extensiones
de hospitalización, pues se documentaron permanencias hasta de 15 días
aguardando una valoración por medicina especializada o autorizaciones
para traslados.
Servicios inviables
Pero la forma en que las personas esperan también atenta, en un alto porcentaje, contra la dignidad, porque la sobreocupación, que en promedio se ubicó en el 142 por ciento, obliga a que la gente tenga que acomodarse en sillas plásticas y hasta en el suelo.
De hecho, uno
de cada cinco de los hospitales visitados, además de las carencias
condicionadas por la sobreocupación, no contaba con la dotación mínima
(recurso humano, infraestructura, capacidad instalada, entre otros), lo
que implica el no cumplimiento de los estándares de habilitación. En
otras palabras, el 20 por ciento de los servicios de urgencias no
deberían estar funcionando, según la norma.
Sala de expansión en el Hospital de Kennedy.Foto:
César Mateus – EL TIEMPO
Y en aquellos que cumplen
los estándares de habilitación, las normas no relacionan la capacidad
instalada con el talento humano requerido, lo que quiere decir que
algunos servicios, si bien tienen la disponibilidad de los
profesionales, no responden adecuadamente a la demanda.
Hablando de dotación mínima, el 30 por ciento de las instituciones no tiene servicios sanitarios adecuados en términos de acceso, seguridad e insumos, lo que de por sí ya es una falta grave en áreas que requieren máximas condiciones de higiene, argumenta Dávila.
.Foto:
María Alejandra Rodríguez Barreras inaceptables
Otro ámbito inquietante que desnudó el trabajo de la Defensoría fue el de las barreras de acceso a los usuarios. El 42 por ciento de las IPS reconocieron presentar algún tipo de limitación para dar atención, entre las cuales casi la mitad son de tipo físico (ausencias de rampas, escaleras o vías, por ejemplo). Una de cada cuatro instituciones, además, bloquea la atención por cuestiones económicas; el 20 por ciento, por asuntos de papeleo y el 7 por ciento, por discriminación, principalmente social.
La Defensoría llama la
atención respecto a que, si bien el acceso a la información ha sido
contemplado como un pilar del trato humanizado, en el análisis se
encontró que solo el 80 por ciento de los usuarios fueron informados de
manera veraz sobre su estado de salud y los tratamientos a los que se
sometieron, a lo que se suma que al menos tres de cada diez recibieron procedimientos sin su autorización.
Otro punto clave fue que el 10 por ciento de los pacientes se quejaron de falta de privacidad al recibir atención, lo que puede llegar hasta 30 por ciento en las salas de espera y a un 25 por ciento en las de reanimación.
Y
un aspecto que parece insignificante, pero que demuestra preocupantes
grietas en el contexto de la humanización, según Dávila, es que al 15
por ciento de los pacientes no se les llama por su nombre, sino que son
referenciados por el número de la cama o por un tipo de enfermedad.Estas son las mejores y peores EPS, según los colombianosDos tercios de la población mundial, sin acceso a seguro médico: OMSCinco situaciones por las cuales debería correr sí o sí a urgencias
Maltrato de lado y lado
Que
el 40 por ciento de los médicos reporten algún tipo de constreñimiento
en su ejercicio ejemplifica las condiciones adversas en las que laboran
los equipos humanos en estas áreas. Casi el 70 por ciento de los
trabajadores de urgencias dijeron haber sufrido algún tipo de agresión
de usuarios o familiares, principalmente de tipo verbal, y el 5 por
ciento fueron víctimas de violencia física, siendo el personal de enfermería el más perjudicado.
Una
mirada por el tipo de vínculo laboral deja en evidencia que solo la
mitad de los trabajadores de urgencias tiene un contrato formal con
prestaciones y el resto se vincula a través de órdenes de prestación de
servicios y otros tipos de contratación que rayan en la ilegalidad.
.Foto:
Néstor Gómez – EL TIEMPO
Con base en lo anterior, la Defensoría concluyó de manera tajante que en estos servicios “existen condiciones que amenazan o vulneran el derecho fundamental a la salud de los usuarios y que no necesariamente se encuentran ligados a temas presupuestales, pero sí a la humanización y a la calidad de la atención”. Un motivo suficiente para que las autoridades tomen medidas de fondo. Las recomendaciones
El informe de la Defensoría del Pueblo plantea una serie de recomendaciones al Ministerio de Salud, como hacer
un inventario real sobre la oferta y la demanda de estos servicios para
que sean adecuados en los preceptos de habilitación y, a su vez, se generen incentivos para garantizar una distribución equitativa.
Generar
un modelo de atención que garantice la solución de los problemas en
salud de los afiliados al sistema de manera oportuna y de acuerdo con su
nivel de atención, con el objeto de desestimular la demanda de estos
servicios por problemas que se pueden diferir, es otras de las
propuestas de la Defensoría.
De igual forma, insta a las EPS y a los regímenes especiales a desarrollar estrategias educativas para que la población fortalezca los derechos y deberes frente a estos servicios. También convoca a alcaldes y gobernadores para que verifiquen los estándares de calidad de esta atención en sus jurisdicciones.
Y,
finalmente, hace un llamado a la Superintendencia de Salud para que
vigile las urgencias y ampare los derechos de usuarios y trabajadores.
.Foto:
Néstor Gómez – EL TIEMPO Las propuestas del sector
Para
Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo, la dimensión de la
congestión en los servicios de urgencias revelada en este trabajo de
largo aliento de la entidad hace necesario tener modelos que garanticen el acceso a la atención a través de médicos de familia y de primeros niveles, pero a la vez que las EPS tengan suficiente red de prestadores.
“También
necesitamos humanización y atención digna para los pacientes y una
política real del talento humano en salud. Médicos, enfermeras y
auxiliares necesitan incentivos y buenas condiciones de trabajo”, señaló
el defensor.
El ministro de Salud encargado, Iván Darío González, resaltó la importancia de este trabajo como insumo de políticas públicas que resuelvan los problemas estructurales del sector. Uno
de ellos, el de los incentivos que hoy están orientados a bloquear
atenciones y disminuir los servicios en los niveles ambulatorios, en
consultas oportunas y diagnósticos apropiados, según reconoce.
González
también recalca que “es fundamental trabajar en educar a la población
para que consulte los servicios de urgencias cuando sea realmente
necesario”.
Juan Carlos Giraldo, director general de la
Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) privadas, destaca
igualmente la labor del “abnegado personal de estos servicios que
resuelve no solo las enfermedades, sino las ineficiencias de otros
eslabones del sistema”.
“Los servicios de urgencias son la
única puerta abierta 24/7 al sistema de salud, y por eso, la población
en muchos casos la ve como la única opción para acceder y ser atendida”,
explica.
Urge la humanización, pero también que los pacientes entiendan que este espacio no es para consultar por cosas que deben ser manejadas por las redes ambulatorias
.Foto:
Néstor Gómez – EL TIEMPO
A su vez, Olga Lucía Zuluaga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), opina que las EPS deben tener una red real contratada. Y, por otro lado, expone que es clave “remontar el desequilibrio entre prestadores y aseguradores, pues los primeros sí están obligados a dar atención a los enfermos urgentes, pero los segundos se desligan de la responsabilidad de pagar”.
Juan Gonzalo López, presidente de la junta directiva de Acemi, gremio que reúne a EPS del régimen contributivo, dice, por su parte, que lo hallado es el reflejo de la insuficiencia de la red y de la limitación del carácter resolutivo de los servicios ambulatorios. “Urgen modificaciones estructurales para que en estos servicios se atienda lo verdaderamente urgente”, expuso.
Finalmente, Denis Silva, vocero de la organización Pacientes Colombia, concluyó que “urge la humanización, pero también que los pacientes entiendan que este espacio no es para consultar por cosas que deben ser manejadas por las redes ambulatorias”.
EL TIEMPO
