Consejo de Estado negó demanda con la que el exalcalde buscaba anular la sanción en su contra.

Aunque a través de una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, pretendía que el Consejo de Estado anulara la destitución e inhabilidad por 18 años que en 2015 le impuso la Procuraduría, el alto tribunal negó sus pretensiones.

Moreno, quien fue destituido e inhabilitado por irregularidades en la contratación de obras de la Fase III de Transmilenio, en el caso conocido como ‘carrusel de la contratación‘, también pedía que se ordenara a la Procuraduría pedirle excusas públicas.

Aunque alegó que se habían violado sus derechos durante el proceso disciplinario, el Consejo de Estado consideró que esto no fue así.

Moreno decía, por ejemplo, que en su caso hubo una dilación puesto que la primera suspensión del cargo de la Procuraduría fue en 2011, pero la decisión final solo llegó en  2015. No obstante, el Consejo de Estado aclaró que no es cierto que el proceso haya durado más de los tiempos establecidos.

El exalcalde también criticaba que en el proceso hubo selectividad en cuanto a las pruebas decretadas, que a él le negaron unas y no se le permitió controvertir otras evidencias. Pero el alto tribunal tampoco le dio la razón y dijo que en el proceso disciplinario no operaron criterios diferentes a los legales para la práctica de pruebas  y que está demostrado que sí se permitió controvertir las evidencias recaudadas. 

Moreno Rojas igualmente se quejó de que su proceso hubiera sido de única instancia, a lo que el Consejo de Estado respondió diciendo que los procesos disciplinarios de única instancia son acordes con el ordenamiento jurídico interno y no van en contravía de las normas de carácter internacional.

El exmandatario alegó también que las decisiones disciplinarias no se basaron en las normas que debieron, que hubo una aplicación indebida de las mismas, que se violó el proceso a la igualdad  y que el Ministerio Público obró con falsa motivación. Todo esto fue refutado por la alta corte.

«Los actos administrativos sancionatorios disciplinarios no fueron expedidos con desviación de poder, toda vez que las razones de dichos actos se basaron en argumentos sustanciales y procesales, relacionados con la responsabilidad disciplinaria y la estructura del proceso disciplinario en el que fue investigado y sancionado el señor Samuel Moreno Rojas», indicó el Consejo de Estado.

De otro lado, en el fallo el Consejo de Estado señaló que, conforme a la sentencia del 15 de noviembre de 2017, proferida por esa misma corporación, las atribuciones de la Procuraduría para investigar y sancionar disciplinariamente a servidores públicos de elección popular, no fueron restringidas, modificadas, ni suprimidas.

«Mientras que se adoptan los ajustes en el ordenamiento interno, la competencia de la Procuraduría General de la Nación para destituir e inhabilitar servidores públicos de elección popular se mantiene incólume«, dice el fallo de 2017.

Por todo esto, para la Procuraduría General podría concluirse que la jurisprudencia interna reciente ratifica la facultad sancionatoria de la Procuraduría, «considera dicha facultad acorde con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que no debe perderse de vista que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es subsidiario, y que la Procuraduría se ha preocupado por dar todas las garantías al debido proceso», explicó el procurador general Fernando Carrillo.

Además de la sanción disciplinaria que sigue en firme, Moreno acumula desde 2016 tres condenas penales por hechos relacionados con las irregularidades en contratación durante su administración. Además, está en juicio en un cuarto proceso.Más noticias de Justicia que podrían interesarle

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